El Hospital General de Irapuato, donde Antonio fue llevado tras el accidente, lo dio de alta sin haber recibido cirugía o tratamiento porque no pudo pagar los materiales de la operación, los cuales ascendían a 125 mil pesos. Hoy yace postrado en cama desde el 26 de septiembre con riesgo de quedar parapléjico de por vida, pero su propia institución médica no se hace responsable de él, ni de sus cuidados.
Por Alonso Merino
Guanajuato, 23 de octubre (PopLab).- Antonio Zurita Hernández es brigadista contra enfermedades transmisibles por vectores (dengue, zika y chikungunya) de la Secretaría de Salud de Guanajuato. A finales de septiembre sufrió un accidente en motocicleta, pero debido a que es uno de los miles de trabajadores eventuales del sector salud, no cuenta con prestación de servicios públicos de atención médica. Antonio es uno de tantos trabajadores en Guanajuato que presta servicios por la salud pública sin tener asegurada su salud personal.
En el marco de la entrega de 100 millones de pesos como estímulo económico para el personal de salud, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se dijo nuevamente agradecido por sus labores durante la contingencia sanitaria. “Son ustedes verdaderos héroes y heroínas en la primera línea de batalla”, mencionó.
Daniel Díaz Martínez, el secretario de Salud en el estado, se sumó al reconocimiento mediante un tuit diciendo que se ha avanzado “hoy con este gran compromiso para quienes han arriesgado la vida”. No obstante, la ayuda no llega para todo el personal de salud, que, como Antonio, cumplen una función fundamental dentro de la Jornada Nacional de Salud Pública en la entidad, donde se incluye la campaña contra el dengue.
El Hospital General de Irapuato, donde Antonio fue llevado tras el accidente, lo dio de alta sin haber recibido cirugía o tratamiento porque no pudo pagar los materiales de la operación, los cuales ascendían a 125 mil pesos. Hoy yace postrado en cama desde el 26 de septiembre con riesgo de quedar parapléjico de por vida, pero su propia institución médica no se hace responsable de él, ni de sus cuidados.
El accidente tuvo lugar cuando Antonio iba camino a visitar a su madre. Un automóvil se le cerró provocando que chocara y cayera al suelo. “Yo ya no pude frenarme, salí volando. Me arrastré hasta la orilla del camino para que no me atropellaran”, explica.
La ambulancia lo trasladó al área de Urgencias del Hospital General de Irapuato, institución que es parte del sistema hospitalario del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG). Luego de dos días de espera, lo trasladaron al área de Neurotrauma, comenta su esposa Karla. Ahí finalmente, la Dra. Marissa Noemí Flores Muñoz, traumatóloga y cirujana de columna lo fue a ver para una revisión.
Avanzamos hoy con este gran compromiso para quienes han arriesgado la vida en la #pandemia #UnidosSomosGrandeza https://t.co/TZGXglD1HM
— Dr. Daniel Díaz (@DrDanielDiazGto) October 16, 2020
“El golpe que me dieron en la espalda me ocasionó que los nervios se me comprimieran y la doctora según me dijo que me diagnosticó síndrome de cauda equina y con ese síndrome no puedo hacer ni del baño, mi aparato reproductor tampoco va a servir y no tengo sensibilidad en la pelvis. La doctora quería que en cinco días juntara yo todo ese dinero para poderme operar. Me dijo que si no me operaba en esos cinco días ya no tendría solución”.
Más de cinco días han pasado desde entonces. La doctora le pidió reunir una suma mayor a 125 mil pesos para pagar los materiales necesarios para sus operaciones. Pasado el tiempo que le marcó como límite, la cirujana le dijo que ya no podría hacer nada por él y quedaría parapléjico.
“De hecho la doctora me dijo que iba a salir de vacaciones, que necesitaba tener ese dinero antes del viernes si no ella se iba de vacaciones y hasta después de dos semanas regresaba. Me dijo: ‘de todos modos tú ya perdiste eso’. Como quien dice, mi sistema motriz para poder hacer del baño y demás”, relata Antonio.
SIN ALTERNATIVAS DE ATENCIÓN
Antonio y su familia quisieron buscar una alternativa más accesible para comprar los materiales, ya que como brigadista contra enfermedades transmitidas por mosquito él gana 3 mil 200 pesos a la quincena. “No gano ni al año los 125 mil pesos”, dice. Sin embargo, nunca les presentaron la posibilidad de buscar materiales alternativos, ya que la doctora que lo atendió le puso como condición comprarlos con su proveedor, Vertebro S.A. de C.V.
El diagnóstico firmado por la cirujana dos días después de su accidente dice que Antonio tiene “síndrome de cauda equina secundario a probable hernia discal extrusa de S1 y fractura tipo A4 de la L1. Amerita tratamiento quirúrgico para ambas patologías. Tiempo estimado de consolidación de fractura 4 semanas; ameritará de igual manera manejo por terapia física y rehabilitación para tratamiento de secuelas neurológicas”.
Karla, la esposa de Antonio, que ahora cuida de él por completo, explica que la doctora del Hospital General de Irapuato “entregó una hoja en trabajo social, donde anotó la lista de materiales que quería”. Preguntaron en la dirección del hospital si había alternativas a un precio más accesible, pero también les dijeron que no.
“Y nos dijeron que ellos no conocen a nadie más. ¿Cómo ellos siendo un hospital, una institución de salud y con tantos proveedores de tantas cosas no van a conocer a alguien que les haga un presupuesto? —se pregunta— Ellos se quedaron con lo que la doctora nos dijo. No nos dieron otra opción”.
El brigadista de la Secretaría de Salud no ha sido operado, ni ha recibido terapia, y permanece en casa conectado a una sonda, sin poder caminar y sin sensibilidad en la mitad de su cuerpo. Antonio tiene 26 años, tiene dos hijas de menos de 8 años de edad y lleva casi un mes de incapacidad esperando las intervenciones quirúrgicas y el tratamiento médico que necesita.
En la página Trabajadores de contrato de SS unidos solicitan apoyo para Antonio.
SALUD PÚBLICA, SIN SALUD PERSONAL
Antonio Zurita cuenta que él entró como brigadista a la Jurisdicción VI de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) en Irapuato hace tres años. Antes de eso se encontraba desempleado y fue cuando su hermano le dijo que “estaban solicitando para el dengue, porque mucha gente no quiere ir, porque era muy poquita la paga”.
Como trabajador eventual, junto con los otros 7 mil trabajadores sin basificación, Antonio no tiene seguridad laboral, no cuenta con prestaciones de ley, ni con servicios médicos públicos. Cada año renuevan su contrato y, según nos cuenta, le hacen firmar su renuncia anticipada en cada ocasión, práctica sancionada por la Ley Federal del Trabajo.
Su primer puesto en la SSG fue usando una motomochila para las nebulizaciones. Las motomochilas las usan los brigadistas que entran a las casas, establecimientos y espacios públicos en distintas colonias de la ciudad para fumigar contra las enfermedades provocadas por mosquitos (llamados “vectores” en el lenguaje médico).
La última vez que le renovaron su contrato lo cambiaron a almacén como mecánico para dar mantenimiento a los equipos de fumigación. “Nos dedicamos a componer las máquinas que traen las camionetas”, detalla Antonio.
—”Según ellos no se hacen responsables y todavía te hacen firmar una hoja donde dice que sales del trabajo sin nada, te lo hacen firmar cuando firmas el contrato. Eso se supone que debería ser hasta el último, ¿no?”
—¿Te refieres a la renuncia?
—”Sí, nos hacen firmar la renuncia”.
Tras el accidente le dieron su licencia por incapacidad con goce de sueldo completo, pero esta vence a los veintiocho días del accidente, cumpliendo su plazo esta semana. “Me dijeron que tengo que ir a ver qué onda porque después de cuatro días, cuando termine la incapacidad, van a ser cuatro faltas y es despido inmediato”, relata.
La esposa de Antonio, Karla, dice que se han acercado a distintas instancias esperando apoyo para las cirugías de Antonio: en el área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Irapuato y con el diputado panista por Irapuato, Víctor Zanella Huerta. Además llevó su documentación para el programa del ISAPEG, Mi Hospital Cercano. En ninguna instancia ha obtenido respuestas. El poco dinero que han logrado reunir ha sido por medio de colectas de sus jefes, compañeros, familiares y conocidos.
BRIGADA ANTIMOSQUITO: UNA ACTIVIDAD DE RIESGO
La actividad laboral de un brigadista contra vectores como Antonio representa riesgos para su salud, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al manipular los insecticidas de la nebulizaciones, los trabajadores se exponen a un posible infección y, sin embargo, los posibles costos son asumidos por los trabajadores cuando no cuentan con servicios médicos públicos.
De acuerdo con datos federales de la Secretaría de Salud, actualizados al 15 de octubre de 2020, en apenas dos semanas Guanajuato duplicó y más sus casos acumulados de dengue no grave y con síntomas de alarma pasando de 73 a 157. A diferencia de otras entidades, Guanajuato no presentó defunciones por dengue ni en 2019 ni en lo que va del 2020.
Además, en comparación con los estados de mayor incidencia de casos por cada 100 mil habitantes, como San Luis Potosí (42.21), Jalisco (41.60), Tamaulipas (40.45), Michoacán (35.37) y Nayarit (35.16), Guanajuato presenta una incidencia menor, 2.60 casos.
Sin embargo, para mantener la campaña de nebulización y termonebulización, Guanajuato moviliza alrededor de mil 500 brigadistas en los 46 municipios, pero para algunos, como Antonio Zurita, este trabajo en favor de la salud pública en la entidad se da en condiciones de precariedad laboral. Si el accidente se da dentro o fuera del horario laboral, los trabajadores de la salud deben asumir los costos por sí mismos.
